Artículo 19 exige a PGR investigar amenazas contra Sicilia y corresponsal de Proceso

La PGR exigió una investigación “exhaustiva, imparcial, pronta y expedita” después de las amenazas contra Sicilia y un corresponsal de Proceso en Morelos

Redacción: Gloria Leticia  Díaz

Ciudad de México.- La organización de defensa de la libertad de expresión e información, Artículo 19, exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) una investigación “exhaustiva, imparcial, pronta y expedita”, tras registrarse llamadas amenazantes contra el corresponsal de la revista Proceso en Morelos, Jaime Luis Brito, así como contra el poeta y colaborador del semanario Javier Sicilia.

De acuerdo con la organización, este martes 12, después de que Sicilia recibiera una llamada anónima para amenazarlo, así como al exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Alejandro Vera, y su esposa, María Elena Ávila, el corresponsal de Proceso recibió una llamada del mismo número telefónico de la Ciudad de México, “pero decidió no contestar”.

En un comunicado, Artículo 19 recordó que, tanto el poeta como el corresponsal, “han sido voces con mucho peso en la denuncia y visibilización del tema de desaparición forzada y por particulares, así como ejecuciones extrajudiciales, y han señalado constantemente la participación y omisión del gobierno estatal”, además de que ambos han acompañado a las familias y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

Exconductor del noticiero de la UAEM, Brito fue blanco de amenazas en 2015, presuntamente atribuidas a colaboradores de Graco Ramírez, por lo que se convirtió en beneficiario del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, destacó la organización internacional.

Las intimidaciones recientes se dan en un contexto en que, tanto el exrector de la UAEM y su esposa, “enfrentan un proceso penal en la Fiscalía Anticorrupción de Morelos por enriquecimiento ilícito”. Tanto Sicilia como Brito fueron colaboradores cercanos del exrector, puntualizó Artículo 19.

Luego, citó la consideración del poeta, para quien “tanto las amenazas como el proceso penal tienen como trasfondo que públicamente, en ejercicio de nuestra libertad de expresión, hemos evidenciado las múltiples violaciones a derechos humanos y la labor de acompañamiento que hemos dado a las víctimas”.

La organización defensora narró que a las 8:00 horas, Sicilia escuchó que una voz anónima le decía: “mañana es la comparecencia y, de parte del gobernador, te digo de una vez que, a tí, a Alejandro y a su esposa se los va a cargar la chingada”.

Agregó que el también fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad llamó al gobernador Graco Ramírez para pedir una explicación por las amenazas, pero el perredista dijo desconocer la situación y “le invitó a presentar una denuncia ante la Fiscalía estatal”. Pero ante la desconfianza fundada, Sicilia decidió interponer su queja ante la PGR, abriéndose la carpeta de investigación FED/MOR/CUER/0001746/2017.

Minutos después de que el poeta también colaborador de este semanario fue amenazado, “a través del mismo teléfono, el corresponsal de Proceso, Jaime Luis Brito, fue intimidado”, aunque recibió la llamada, decidió no contestar. Cabe destacar que “otras dos personas cercanas al exrector recibieron dichas llamadas”.

Al resaltar que “la impunidad es la única manera de romper con el ciclo de violencia en que vivimos”, Artículo 19 exigió a la PGR “realizar las indagatorias correspondientes de manera exhaustiva, imparcial, pronta y expedita por las amenazas de que fueron víctimas las personas anteriormente mencionadas”.

De la misma manera, la organización exhortó a la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas “a reforzar las medidas de protección en beneficio de los periodistas amenazados e intimidados, así como de su familia para prevenir que una agresión se lleve a cabo”.

Por último, instó al gobierno del estado de Morelos a “encaminar todos los esfuerzos necesarios para garantizar el ejercicio efectivo de la libertad de expresión y condenar públicamente cualquier acto de amenaza o intimidación que busque limitar los flujos efectivos de información”.

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