En equipo, dependencias buscan combatir la corrupción en elecciones

Por primera vez la SFP, en conjunto con el INE y la Fepade, vigilará el proceso de elecciones 

Por Vanessa Solis 

Ciudad de México.- En las elecciones históricamente más grandes en la historia del país, se suma otro hecho del mismo calibre, pues la Secretaría de la Función Pública (SFP), por vez primera, junto con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el Instituto Nacional Electoral (INE), vigilarán el proceso electoral que se celebrará el primero de julio.

Esto con el fin de combatir la corrupción electoral, vigilando y sancionando en su caso a candidatos, equipos de campaña, empresarios, particulares e incluso familiares de los aspirantes a un cargo público, que incurran en delitos electorales.

De la mano de los ciudadanos convertidos en auxiliares, la SFP, el INE y la FEPADE, vigilarán que no haya actos de corrupción involucrados en las elecciones 2018.

En el Artículo 73 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas presentó un cambio, pues incluye a los candidatos a puestos de elección popular, familiares y equipos de trabajo, como sujetos de sanciones por corrupción.

"Se considerarán actos de particulares en situación especial vinculados con faltas administrativas graves, aquellos realizados por candidatos electorales, miembros de equipos de campaña electoral o de transición entre administraciones del sector público y líderes de sindicatos del sector público, que impliquen exigir, solicitar, aceptar, recibir o pretender recibir alguno de los beneficios a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, ya sea para sí, para su campaña electoral o para alguna de las personas a las que se refiere el citado artículo, a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el futuro en caso de obtener el carácter de servidor público", dice.

El artículo 52, que forma parte de las Faltas Administrativas Graves de los Servidores Públicos, dice que este acto se tipificará como cohecho.

"Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte".

E independientemente de las consecuencias penales, la Secretaría de la Función Púbica está obligada a aplicar "sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos o, en caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de cien hasta ciento cincuenta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

"Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, según corresponda, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de ocho años; Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos", precisa la Ley.

Coparmex se une

La Confederación Patronal de la República Mexicana  (Coparmex) dio a conocer que asumirá una postura crítica para garantizar que los comicios electorales se desarrollen con transparencia y apego a la cultura de la legalidad.

Federico Baeza Mares, presidente de Coparmex Chihuahua, expresó que el país se encuentra en un momento crucial e histórico, ya que su  destino económico, político y social depende en gran medida de los resultados de la jornada electoral que ya está en puerta. 

Ante este panorama, el organismo empresarial estará muy atento a los compromisos que asuman los candidatos, y se le dará puntual seguimiento a su cumplimiento, además de cualquier señalamiento u observación se hará público, afirmó el empresario.

"En Coparmex tenemos la claridad de que nos toca ser observadores activos y garantes de que la jornada electoral se realice de manera correcta y transparente en este momento histórico para México. Es el compromiso que como empresarios tenemos con nuestra comunidad y con nuestra gente. Esta será nuestra agenda y estas nuestras demandas para todos los candidatos en el 2018", concluyó.

Sedesol vigila programas sociales 

En un acto más de frenar la corrupción, Sedesol también pondrá su granito de arena, al comprometerse a proteger los programas sociales ante las elecciones.

Los funcionarios públicos están obligados a garantizar que los programas sociales no sean utilizados con fines políticos y electorales, por lo que es necesaria su protección ante los comicios del próximo año, los más complejos del país, afirmó David Garay Maldonado.

El abogado general y comisionado para la Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) anunció la instalación, de manera permanente, del Comité Central de Legalidad y Transparencia del Blindaje Electoral para los diferentes programas sociales de la dependencia.

En estos trabajos, la dependencia federal se coordinará con la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

La instalación del comité se realizó en una sesión privada, encabezada Garay Maldonado, quien presentó la Circular 012/2017, se establecen las disposiciones básicas a considerar en materia de Blindaje Electoral por parte de la dependencia, para los procesos a celebrarse el 1 de julio de 2018.

vsv
 

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