Decomiso en la 4T y presunto culpable / En opinión de Armando Salinas Torre

Ahora la sociedad debe acreditar el origen o la obtención lícita de nuestros bienes o que estábamos impedidos para conocer el uso o destino ilícito de los mismos.

Con el riesgo de perder la propiedad o el uso de los bienes, debemos realizar la función que debiera corresponder a la autoridad de acreditar la ilicitud de la procedencia o el conocimiento del uso ilícito de los mismos.

El viernes por la tarde se publicó la Ley Nacional de Extinción de Dominio en el Diario Oficial de la Federación para que todos los habitantes nos enteráramos de las nuevas obligaciones que, de no cumplirlas, serán confiscadas la propiedad o uso de nuestros bienes.

El artículo primero de esa ley se refiere a diversas convenciones internacionales, así como “demás instrumentos internacionales que regulan el decomiso”, por tanto, en realidad se trata de la legalización del decomiso.

Estamos de acuerdo en que se “decomisen” los bienes que son producto o sirven de instrumento del delito con la finalidad de que se combata eficazmente la delincuencia. Ahora bien, dicen que en los detalles está el diablo.

No obstante, cuando analizamos los detalles de la legislación de extinción de dominio son evidentes los riesgos para cualquiera de perder, injustificadamente, el patrimonio que, con esfuerzo lícito, se ha adquirido.

El artículo 15, fracción V de la ley establece, en forma contradictoria, que “se presumirá la Buena Fe en la adquisición y destino de los bienes”. Sin embargo, dice que para gozar de esta presunción se debe acreditar suficientemente “el impedimento real que tuvo para conocer que el bien afecto a la acción de extinción de dominio fue utilizado como instrumento, objeto o producto del hecho Ilícito o bien, para ocultar o mezclar bienes producto del hecho Ilícito”.

Es decir, la ley asigna a la sociedad en general la obligación de hacer la función de investigación que, en realidad, le corresponde al Ministerio Público respecto de los bienes que se adquieren, se rentan o se arriendan. Puesto que si adquiero, rento o arriendo un bien debo realizar una serie de investigaciones para acreditar que tuve impedimento real para conocer que el bien fue utilizado como instrumento, objeto o producto del hecho ilícito, o que tuvimos impedimento real para conocer que se ocultó o mezcló con bienes producto de un hecho ilícito.

Mediante esta ley se obliga a la sociedad, en la fracción VI, del mismo artículo 15, a acreditar suficientemente “en caso de haberse enterado de la utilización ilícita del bien de su propiedad, haber impedido o haber dado aviso oportuno a la autoridad competente”, dejando constancia de ello.

Al respecto, cabe recordar que, en muchos casos, se ha acreditado que encargados de todos los niveles en la lucha contra el narcotráfico, el secuestro, entre otros delitos, son en realidad parte de las organizaciones criminales que deben perseguir. Por lo tanto, es evidente el riesgo al que se obliga a la sociedad a exponer su vida para realizar la función que le corresponde a la autoridad de investigar.

Por otro lado, también se rompe con otro principio de imparcialidad del juzgador, que es de elemental justicia, ya que el artículo 102 impone al juez la obligación de estar al pendiente de si alguna de las partes se “halle en mejor situación para aportar los medios de prueba que le corresponden, lo cual releva a las partes (en especial de la autoridad) de su obligación de probar su dicho”.

Una joya más de lo absurdo de esta ley, ya que existe un principio elemental de justicia que consiste en que caducan (se pierden) las facultades, si la autoridad no ejerce sus atribuciones, a pesar de tener conocimiento de los elementos, por ejemplo en el caso que nos ocupa, para ejercer la extinción de dominio.

El artículo 11 de la ley establece, en su segundo párrafo, que iniciará el plazo de caducidad hasta que un Ministerio Público le informe a otro Ministerio Público, dentro de la propia institución del Ministerio Público (ahora denominada Fiscalía). Es decir, la seguridad o incertidumbre de cualquier persona estará condicionada a que se informan entre los propios investigadores, para que transcurra el plazo de caducidad, a pesar de que ya esté enterada la institución responsable de ejercer la función de confiscar supuestos bienes procedentes del delito o que sirvan de instrumento u objeto para su comisión.

 

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